Luego de promesas de cambios en las políticas del INCAA y de meses de reuniones de Liliana Mazure con asociaciones y demás sectores, se ha aprobado finalmente un ´nuevo´ plan de fomento.
Para ser sinceros, salvo por los cambios que plantean la reducción de las vías de fomento para films terminados en 35mm (de cuatro vías a dos, concentrándose las posibilidades de producción en las empresas con respaldo y garantías económicas y los directores con trayectoria), la conformación de concursos (que plantean para el caso de la ficción la producción de sólo 4 operas primas anuales en 35mm), y un aumento del monto de los subsidios (un reclamo de los grandes y medianos productores); el plan es continuismo de la política de las anteriores gestiones ya que no se ajusta a un proyecto audiovisual que abarque a los sectores mayoritarios comprometidos con el cine y a su destinatario, el pueblo argentino.
El consenso que Mazure decía buscar entre los distintos actores del sector audiovisual culminó en una aceptación total de las demandas de los sectores comerciales de la industria audiovisual. Las críticas y propuestas realizadas por nuestra asociación fueron casi ignoradas. Vale la pena preguntarse qué intereses alientan tales decisiones.
¿Qué se discute?
No se puede soslayar que el 2008 fue el año en el cual el debate sobre la crisis del cine nacional ocupó un lugar central. Un emergente de la profundidad de la crisis y de la incapacidad para hacerle frente, así como de la evidencia de corrupción y amiguismos en la asignación de los fondos, fue la renuncia del dúo Álvarez/Lenz a principios de 2008.
Frente a la crisis del cine nacional la mayoría de los sectores coincidían en que no se trataba de una crisis en el terreno de la producción cinematográfica, sino en el de la exhibición, es decir en la cantidad (cada vez menor) de público que los films nacionales convocan. Frente a esta situación Doca propuso la baja del precio de las entradas, intervenir en el monopolio de las distribuidoras y exhibidoras que niegan pantallas al cine nacional, y debatir el concepto que el cine no sólo es comercio y entretenimiento y por ello no hay que atarse a fórmulas (autor taquillero, star system, etc.).
Desde distintas tribunas, como el diario La Nación, se propuso una ´solución´: menos películas nacionales, que con mayores montos de créditos y subsidios estatales y realizadas por probados directores, pudieran brindar una ´mayor calidad´ que permita al cine argentino trepar en la taquilla. Esta idea se orientaba claramente a favorecer a un reducido grupo de directores que acceden a los fondos públicos; subsidiar a empresas productoras parasitarias, otorgándoles desde el estado más presupuesto y garantías y cerrando el paso a los pequeños competidores.
Doca en su momento realizó una crítica a este planteo porque los fracasos comerciales también se nutren con películas de alto presupuesto, de directores reconocidos. Como contrapartida y salvando las distancias, podríamos reflexionar sobre la experiencia del canal Encuentro: en este caso la calidad y llegada al público no está atada a los valores antes expresados (no obstante, y cabe la aclaración aquí, creemos que este canal del estado lamentablemente reproduce las mismas prácticas que el INCAA: dinero del estado para un puñado de productoras comerciales a lo que se suma inexistentes concursos públicos y el desconocimiento precisamente de los realizadores independientes del país como posibilidad de aporte a la programación).
Por otro lado criticábamos que se mantuviera intacto el control casi total de las Majors (o sus sucursales) sobre la distribución y exhibición comercial. Control que les permite saturar las salas de cine extranjero, coartando las posibilidades de cartel para films nacionales. En ese sentido desde Doca proponíamos diseñar políticas que vayan más allá de la malograda cuota de pantalla; que se dieran pasos para ampliar los circuitos de exhibición con precios populares y promover la realización de más películas. En síntesis: definir una política para el cine y los medios audiovisuales que fomente la cultura, la pluralidad y el intercambio efectivo con el público; o profundizar una visión mercantilista que se centre únicamente en los aspectos rentables del cine.
¿Qué definió Mazure?
Frente a estas dos posturas (y unas cuantas haciendo equilibrio entre ambas), fue la misma Liliana Mazure , al presentar el borrador del Plan de Fomento en la escuela de cine Enerc, la encargada de anunciar que para 2009 se apuntaba a producir 40 films -estimativamente-, en lugar del promedio de 60/70 de los últimos años. Además, frente a una pregunta realizada desde el público que cuestionaba la falta de políticas estatales de distribución y exhibición, terminó casi confesando que por el momento no había más plan que los completamente insuficientes espacios Incaa.
La falta de definiciones en relación a políticas estatales de distribución y exhibición, que siempre se prometen para más adelante, pone de manifiesto que no se quiere atacar el nudo de la crisis. El embudo, su boca más angosta, la que impide el desarrollo masivo de la cinematografía nacional y el encuentro con el público, está justo ahí: en el control que los monopolios (´extranjeros´ y ´nacionales´) tienen sobre más del 80% de las salas, la distribución y la difusión. Tampoco se apunta al prohibitivo precio de las entradas y distribución geográfica de las salas. La actual gestión del Incaa en lugar de dar la pelea donde hay que darla prefiere invertir el embudo, es decir, colocar su boca más angosta en la producción reduciendo la cantidad de películas nacionales producidas. Está lógica también apunta a una lamentable y cada vez mayor estandarización de las estéticas y guiones, en vías de acercarse a los ´estándares internacionales´ impuestos por Hollywood y las cadenas internacionales de televisión por cable. Contradictoria definición política para funcionarios que promueven una supuesta postura nacional y popular y la integración latinoamericana.
En su orientación principal el ´nuevo´ plan coincide casi totalmente con lo propuesto por Pablo Sirvén desde La Nación. Más allá de los magros concursos, va a contramano de la tendencia al crecimiento tanto de producciones, como de nuevos técnicos y directores que salen de a cientos de las escuelas de cine y del gran crecimiento de la industria de publicidad desde la devaluación del 2002. Industria que ya está siendo golpeada, y lo será aún más, por la crisis económica mundial y que, como en otros rubros, no dudará en descargar la crisis sobre los salarios de los trabajadores y produciendo despidos.
En relación a la vía digital para documentales (Res 632), que se consiguió implementar con la lucha el año pasado y que supuestamente seguiría sin cambios, y en cuanto a la conformación del Comité de Selección de Proyectos Documentales, la nueva normativa también parece seguir la misma orientación monopolizante.
Un poco de historia de la resolución 632
Conviene recordar que este nuevo régimen originalmente tenía un espíritu progresivo: en primer lugar se trataba de un apoyo, antes inexistente, hacia la enorme producción documental digital que se venía produciendo y exhibiendo en el país al margen de productoras y lógicas mercantiles; y en segundo lugar fijaba algunos criterios formales a los fines de promover la transparencia, evitar los lobbys y amiguismos a la hora de asignar los subsidios.
Este espíritu fue atacado y mutilado desde un comienzo. El primer Comité de Selección de Proyectos Documentales fue integrado en igualdad de condiciones por asociaciones que desde sus estatutos no representaban a documentalistas y que agrupaban a desiguales cantidades de realizadores. Por otra parte se daba ingerencia preponderante en la vía digital a asociaciones que, antes que se aprobara la 632, criticaban los ´exiguos´ montos de $120.000 dados a ´cualquier estudiante de cine´. Algo que según ellos provocaría el ingreso de potenciales competidores, y una saturación del mercado... cualquier coincidencia con la lógica de La Nación…
Claro que en cuanto se aprobaron los subsidios de $120.000 estas mismas asociaciones se abalanzaron para participar de la torta y Álvarez les fue funcional creando un único Comité de Documentales que evaluara la tradicional 4º vía y el nuevo régimen digital. DOCA denunció la maniobra y propuso que hubiera jurados diferenciados: para 4º vía, aquellos que representaban a productoras y modalidades de producción industrial; y por otra parte un jurado que represente a los realizadores integrales que producen horizontalmente documental en video. En su momento la ´Comisión de Documentalistas´ conformada por Dac, Pci, Dic y Adn, bajo el amparo de María Lenz, largó una campaña contra Doca (que en Ambito Financiero fue definida como los ´piqueteros´ del cine) y terminó imponiendo su posición a puro lobby manteniendo el jurado unificado.
El resultado ´de consenso´ de la nueva gestión
Ya desde el mes de setiembre de 2008, cuando vencía el mandato de los integrantes del Comité de selección de proyectos, Doca fue la única asociación en ´recordarle´ a Mazure el plazo de 12 meses que fijaba la Resolución 633 (para garantizar la transparencia y rotación anual de los miembros del comité), e insistimos sobre la necesidad de dividir en dos salas el comité (ver “documentalistas: otra oportunidad”). Pero siguiendo la lógica de agarrarse con uñas y dientes de cuanto espacio de poder se consigue, todos los integrantes pretendían quedarse en sus sillas y mantener sin cambios el funcionamiento del Comité. En ese momento Mazure dijo desconocer dichos plazos, pero que siendo así pediría los reemplazos correspondientes y que no incorporaría nuevas asociaciones recientemente creadas haciendo alusión concretamente a Rdi (nueva asociación con 18 miembros).
En nombre del ´consenso con todos los sectores´ y ´a propuesta de las asociaciones” (no de Doca, claro), la nueva reglamentación (Res. 1882/08) modifica la Res. 633/07 prorrogando el mandato de los miembros del Comité en 24 meses, y planteando una renovación parcial de a mitades, sin ninguna fundamentación seria.
Por último, en la resolución mediante la cuál se nombran los integrantes del Comité (Res. 1928/08), en su artículo 2º, resuelve que sólo 3 de los 6 miembros del Comité -Dac (Guarini), Dic (Schapces) y Pci (Salvia)- serán los encargados de definir la asignación de los créditos que se soliciten de acuerdo a la Res. 1880 (Esta última resolución es la madre de todas las que componen el Plan de Fomento).
En síntesis, con esta ´letra chica´, terminan haciendo una división de salas (pertinencias) dentro del comité pero lo hacen a la inversa de lo que desde un comienzo veníamos planteando desde Doca: no se hace para defender el espacio de los nuevos realizadores documentales, ya que para los proyectos que aplican por la 632 los seis miembros del Comité definen (votan), sino que esta virtual división de salas excluye a tres de los seis miembros (Doca, Adn y Rdi) de las definiciones sobre los créditos para documentales que se presenten por 1ra o 2da vía, que son las que comprenden sumas máximas de $690.000 y $575.000 respectivamente.
De más está aclarar que quienes definirán por estas cifras mayores son históricos beneficiarios, a través de sus empresas, del festival de terceros jota (cifras otorgadas a sola firma por los presidentes del INCAA y motivo fundamental de la escandalosa renuncia de la anterior gestión) de todas las gestiones del INCAA desde la promulgación de la ley de cine hasta la actualidad.
Que hacer
Doca, consecuente con sus objetivos principales, actuará defendiendo el espíritu originario de las resoluciones 632/33, tanto desde afuera como desde adentro del Comité. No vamos a aceptar ningún tipo de confidencialidad del mismo, cuyo objetivo es invisibilizar los criterios de evaluación y selección, algo que los miembros que se pretenden vitalicios quieren sostener. Se trata de asignaciones de fondos del estado, las mismas deben ser públicas y definirse como en cualquier concurso que se precie por mayoría simple y no por consenso.
Sostenemos nuestras posiciones con convicción, no por defender un interés corporativo, sino porque es bajo estos criterios transparentes, equitativos, democráticos y con fines sociales y culturales, que deberían administrarse la totalidad de los fondos destinados al fomento del audiovisual.
Hacemos un llamado a abrir el debate y definir acciones colectivas tendientes a darle a la política cultural del sector audiovisual una orientación inversa a la impuesta por los monopolios y lobbys de siempre.
Para ser sinceros, salvo por los cambios que plantean la reducción de las vías de fomento para films terminados en 35mm (de cuatro vías a dos, concentrándose las posibilidades de producción en las empresas con respaldo y garantías económicas y los directores con trayectoria), la conformación de concursos (que plantean para el caso de la ficción la producción de sólo 4 operas primas anuales en 35mm), y un aumento del monto de los subsidios (un reclamo de los grandes y medianos productores); el plan es continuismo de la política de las anteriores gestiones ya que no se ajusta a un proyecto audiovisual que abarque a los sectores mayoritarios comprometidos con el cine y a su destinatario, el pueblo argentino.
El consenso que Mazure decía buscar entre los distintos actores del sector audiovisual culminó en una aceptación total de las demandas de los sectores comerciales de la industria audiovisual. Las críticas y propuestas realizadas por nuestra asociación fueron casi ignoradas. Vale la pena preguntarse qué intereses alientan tales decisiones.
¿Qué se discute?
No se puede soslayar que el 2008 fue el año en el cual el debate sobre la crisis del cine nacional ocupó un lugar central. Un emergente de la profundidad de la crisis y de la incapacidad para hacerle frente, así como de la evidencia de corrupción y amiguismos en la asignación de los fondos, fue la renuncia del dúo Álvarez/Lenz a principios de 2008.
Frente a la crisis del cine nacional la mayoría de los sectores coincidían en que no se trataba de una crisis en el terreno de la producción cinematográfica, sino en el de la exhibición, es decir en la cantidad (cada vez menor) de público que los films nacionales convocan. Frente a esta situación Doca propuso la baja del precio de las entradas, intervenir en el monopolio de las distribuidoras y exhibidoras que niegan pantallas al cine nacional, y debatir el concepto que el cine no sólo es comercio y entretenimiento y por ello no hay que atarse a fórmulas (autor taquillero, star system, etc.).
Desde distintas tribunas, como el diario La Nación, se propuso una ´solución´: menos películas nacionales, que con mayores montos de créditos y subsidios estatales y realizadas por probados directores, pudieran brindar una ´mayor calidad´ que permita al cine argentino trepar en la taquilla. Esta idea se orientaba claramente a favorecer a un reducido grupo de directores que acceden a los fondos públicos; subsidiar a empresas productoras parasitarias, otorgándoles desde el estado más presupuesto y garantías y cerrando el paso a los pequeños competidores.
Doca en su momento realizó una crítica a este planteo porque los fracasos comerciales también se nutren con películas de alto presupuesto, de directores reconocidos. Como contrapartida y salvando las distancias, podríamos reflexionar sobre la experiencia del canal Encuentro: en este caso la calidad y llegada al público no está atada a los valores antes expresados (no obstante, y cabe la aclaración aquí, creemos que este canal del estado lamentablemente reproduce las mismas prácticas que el INCAA: dinero del estado para un puñado de productoras comerciales a lo que se suma inexistentes concursos públicos y el desconocimiento precisamente de los realizadores independientes del país como posibilidad de aporte a la programación).
Por otro lado criticábamos que se mantuviera intacto el control casi total de las Majors (o sus sucursales) sobre la distribución y exhibición comercial. Control que les permite saturar las salas de cine extranjero, coartando las posibilidades de cartel para films nacionales. En ese sentido desde Doca proponíamos diseñar políticas que vayan más allá de la malograda cuota de pantalla; que se dieran pasos para ampliar los circuitos de exhibición con precios populares y promover la realización de más películas. En síntesis: definir una política para el cine y los medios audiovisuales que fomente la cultura, la pluralidad y el intercambio efectivo con el público; o profundizar una visión mercantilista que se centre únicamente en los aspectos rentables del cine.
¿Qué definió Mazure?
Frente a estas dos posturas (y unas cuantas haciendo equilibrio entre ambas), fue la misma Liliana Mazure , al presentar el borrador del Plan de Fomento en la escuela de cine Enerc, la encargada de anunciar que para 2009 se apuntaba a producir 40 films -estimativamente-, en lugar del promedio de 60/70 de los últimos años. Además, frente a una pregunta realizada desde el público que cuestionaba la falta de políticas estatales de distribución y exhibición, terminó casi confesando que por el momento no había más plan que los completamente insuficientes espacios Incaa.
La falta de definiciones en relación a políticas estatales de distribución y exhibición, que siempre se prometen para más adelante, pone de manifiesto que no se quiere atacar el nudo de la crisis. El embudo, su boca más angosta, la que impide el desarrollo masivo de la cinematografía nacional y el encuentro con el público, está justo ahí: en el control que los monopolios (´extranjeros´ y ´nacionales´) tienen sobre más del 80% de las salas, la distribución y la difusión. Tampoco se apunta al prohibitivo precio de las entradas y distribución geográfica de las salas. La actual gestión del Incaa en lugar de dar la pelea donde hay que darla prefiere invertir el embudo, es decir, colocar su boca más angosta en la producción reduciendo la cantidad de películas nacionales producidas. Está lógica también apunta a una lamentable y cada vez mayor estandarización de las estéticas y guiones, en vías de acercarse a los ´estándares internacionales´ impuestos por Hollywood y las cadenas internacionales de televisión por cable. Contradictoria definición política para funcionarios que promueven una supuesta postura nacional y popular y la integración latinoamericana.
En su orientación principal el ´nuevo´ plan coincide casi totalmente con lo propuesto por Pablo Sirvén desde La Nación. Más allá de los magros concursos, va a contramano de la tendencia al crecimiento tanto de producciones, como de nuevos técnicos y directores que salen de a cientos de las escuelas de cine y del gran crecimiento de la industria de publicidad desde la devaluación del 2002. Industria que ya está siendo golpeada, y lo será aún más, por la crisis económica mundial y que, como en otros rubros, no dudará en descargar la crisis sobre los salarios de los trabajadores y produciendo despidos.
En relación a la vía digital para documentales (Res 632), que se consiguió implementar con la lucha el año pasado y que supuestamente seguiría sin cambios, y en cuanto a la conformación del Comité de Selección de Proyectos Documentales, la nueva normativa también parece seguir la misma orientación monopolizante.
Un poco de historia de la resolución 632
Conviene recordar que este nuevo régimen originalmente tenía un espíritu progresivo: en primer lugar se trataba de un apoyo, antes inexistente, hacia la enorme producción documental digital que se venía produciendo y exhibiendo en el país al margen de productoras y lógicas mercantiles; y en segundo lugar fijaba algunos criterios formales a los fines de promover la transparencia, evitar los lobbys y amiguismos a la hora de asignar los subsidios.
Este espíritu fue atacado y mutilado desde un comienzo. El primer Comité de Selección de Proyectos Documentales fue integrado en igualdad de condiciones por asociaciones que desde sus estatutos no representaban a documentalistas y que agrupaban a desiguales cantidades de realizadores. Por otra parte se daba ingerencia preponderante en la vía digital a asociaciones que, antes que se aprobara la 632, criticaban los ´exiguos´ montos de $120.000 dados a ´cualquier estudiante de cine´. Algo que según ellos provocaría el ingreso de potenciales competidores, y una saturación del mercado... cualquier coincidencia con la lógica de La Nación…
Claro que en cuanto se aprobaron los subsidios de $120.000 estas mismas asociaciones se abalanzaron para participar de la torta y Álvarez les fue funcional creando un único Comité de Documentales que evaluara la tradicional 4º vía y el nuevo régimen digital. DOCA denunció la maniobra y propuso que hubiera jurados diferenciados: para 4º vía, aquellos que representaban a productoras y modalidades de producción industrial; y por otra parte un jurado que represente a los realizadores integrales que producen horizontalmente documental en video. En su momento la ´Comisión de Documentalistas´ conformada por Dac, Pci, Dic y Adn, bajo el amparo de María Lenz, largó una campaña contra Doca (que en Ambito Financiero fue definida como los ´piqueteros´ del cine) y terminó imponiendo su posición a puro lobby manteniendo el jurado unificado.
El resultado ´de consenso´ de la nueva gestión
Ya desde el mes de setiembre de 2008, cuando vencía el mandato de los integrantes del Comité de selección de proyectos, Doca fue la única asociación en ´recordarle´ a Mazure el plazo de 12 meses que fijaba la Resolución 633 (para garantizar la transparencia y rotación anual de los miembros del comité), e insistimos sobre la necesidad de dividir en dos salas el comité (ver “documentalistas: otra oportunidad”). Pero siguiendo la lógica de agarrarse con uñas y dientes de cuanto espacio de poder se consigue, todos los integrantes pretendían quedarse en sus sillas y mantener sin cambios el funcionamiento del Comité. En ese momento Mazure dijo desconocer dichos plazos, pero que siendo así pediría los reemplazos correspondientes y que no incorporaría nuevas asociaciones recientemente creadas haciendo alusión concretamente a Rdi (nueva asociación con 18 miembros).
En nombre del ´consenso con todos los sectores´ y ´a propuesta de las asociaciones” (no de Doca, claro), la nueva reglamentación (Res. 1882/08) modifica la Res. 633/07 prorrogando el mandato de los miembros del Comité en 24 meses, y planteando una renovación parcial de a mitades, sin ninguna fundamentación seria.
Por último, en la resolución mediante la cuál se nombran los integrantes del Comité (Res. 1928/08), en su artículo 2º, resuelve que sólo 3 de los 6 miembros del Comité -Dac (Guarini), Dic (Schapces) y Pci (Salvia)- serán los encargados de definir la asignación de los créditos que se soliciten de acuerdo a la Res. 1880 (Esta última resolución es la madre de todas las que componen el Plan de Fomento).
En síntesis, con esta ´letra chica´, terminan haciendo una división de salas (pertinencias) dentro del comité pero lo hacen a la inversa de lo que desde un comienzo veníamos planteando desde Doca: no se hace para defender el espacio de los nuevos realizadores documentales, ya que para los proyectos que aplican por la 632 los seis miembros del Comité definen (votan), sino que esta virtual división de salas excluye a tres de los seis miembros (Doca, Adn y Rdi) de las definiciones sobre los créditos para documentales que se presenten por 1ra o 2da vía, que son las que comprenden sumas máximas de $690.000 y $575.000 respectivamente.
De más está aclarar que quienes definirán por estas cifras mayores son históricos beneficiarios, a través de sus empresas, del festival de terceros jota (cifras otorgadas a sola firma por los presidentes del INCAA y motivo fundamental de la escandalosa renuncia de la anterior gestión) de todas las gestiones del INCAA desde la promulgación de la ley de cine hasta la actualidad.
Que hacer
Doca, consecuente con sus objetivos principales, actuará defendiendo el espíritu originario de las resoluciones 632/33, tanto desde afuera como desde adentro del Comité. No vamos a aceptar ningún tipo de confidencialidad del mismo, cuyo objetivo es invisibilizar los criterios de evaluación y selección, algo que los miembros que se pretenden vitalicios quieren sostener. Se trata de asignaciones de fondos del estado, las mismas deben ser públicas y definirse como en cualquier concurso que se precie por mayoría simple y no por consenso.
Sostenemos nuestras posiciones con convicción, no por defender un interés corporativo, sino porque es bajo estos criterios transparentes, equitativos, democráticos y con fines sociales y culturales, que deberían administrarse la totalidad de los fondos destinados al fomento del audiovisual.
Hacemos un llamado a abrir el debate y definir acciones colectivas tendientes a darle a la política cultural del sector audiovisual una orientación inversa a la impuesta por los monopolios y lobbys de siempre.
Ni una película menos!
DOCA - DOCUMENTALISTAS ARGENTINOS
diciembre/enero de 2008/09
1 comentario:
excelente sitio,y realmente leyendo el informe Doca frente al plan del INCAA, cuantas cosas uno no sabe y cuanto de información se nos escapa sin que nos enteremos,el documental es "el cine" que jamas debe perderse,
gracias por hacernos entender un poco a quienes no entendemos,...
de que va la cosa, un cariño para vos y realmente me gusto por demás este espacio,que ya se agrego a los blogs que visito diariamente chau (claudia)
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